MOVIMIENTOS SOCIALES DE LOS AÑOS 60 EN EL ECUADOR

Por definición los movimientos sociales no son simples medios del cambio social ni la expresión pasiva de tendencias sociales de cambio, sino actores que se involucran activamente en el curso de los acontecimientos con el fin de influir sobre el desarrollo de los mismos.

Estos movimientos surgen como una respuesta desde la sociedad civil ante la vulneración de derechos y fracturas estructurales y son consecuencia de tensiones sociopolíticas, que no han sido asumidas como áreas de intervención por parte de las organizaciones políticas de perfil clásico. En este sentido, las organizaciones sociales representan una alternativa de acción política frente a las carencias existentes en las organizaciones de corte convencional.

Los movimientos sociales han marcado la historia del Ecuador durante la segunda mitad del pasado siglo, disputando su espacio de influencia política en las transformaciones socioeconómicas e institucionales que se han ido dando en el país. Son identificables diferentes momentos o etapas en función del protagonismo de los actores sociales: movimientos campesinos en la década de los 50 y 60; movimientos estudiantiles en los años 70; movimiento obrero en las décadas de los 70 y 80.

Movimiento obrero 

En la actualidad el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla roles que históricamente fueron destinados al sindicalismo. A través de los funcionarios públicos se resuelven conflictos laborales en los cuales la función del Estado no es la defensa de los puestos de empleo, sino que los trabajadores cobren adecuadamente sus indemnizaciones en caso de despido. Esta situación es perniciosa para las y los trabajadores dado que ha dejado sin defensa adecuada los puestos de empleo.
Reconociendo que el Mandato 8 sobre Tercerización, desarrollado por la Asamblea Constituyente, ha permitido el establecimiento de aproximadamente 500.000 puestos de trabajo que anteriormente estaban tercerizados; y que los incrementos salariales en la era Correa han sido sustancialmente superiores a los de otras épocas, el menosprecio institucional hacia las organizaciones de trabajadores ha derivado en que el respeto al derecho a la Negociación Colectiva brille por su ausencia.

Por su parte, los sindicatos se ven incapaces de afrontar la nueva forma de intervención institucional, mostrándose inútiles a la hora de aplicar estrategias de intervención que les permita recuperar lo que debería ser su rol protagónico en el mundo laboral.

La nueva institucionalidad vigente desprecia el rol organizativo de los sindicatos, considerándolos innecesarios así como herramientas de un mundo que consideran ya superado, el cual se articulaba en el ámbito del conflicto de clases.

En la actualidad, fruto de las agresiones gubernamentales sobre los funcionarios públicos, hay acciones dirigidas a construir en el ámbito del sindicalismo crítico una Unión Sindical del Sector Público. Esta nueva estructura sindical pretende agrupar a los sindicados de la administración pública sin discriminación y hacerle frente a la ofensiva de los despidos masivos y la conformación de un nuevo sindicalismo oficialista y no combativo. Por otro lado se desarrollan acciones también dirigidas a unificar sindicatos con el fin de construir una Central Unitaria de Trabajadores. Los sindicatos que mayor incidencia están teniendo en esta propuesta son CEDOCUT y UGTE.

Movimiento ambientalista

Históricamente el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convirtió en generador de conflictos socio-ambientales. Esta realidad tiene como característica común la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales dado el tipo relación impuesta entre empresa y comunidad, con marcada ausencia del Estado en los territorios afectados, así como los problemas ambientales derivados de la actividad extractiva en dichos territorios, los cuales son sufridos por las poblaciones locales.

Los conflictos socio-ambientales involucran a compañías extractivas, Estado y actores sociales. Entre estos últimos cabe distinguir tres grupos: indígenas, campesinos colonos y organizaciones ambientalistas. A medida que se fortalece la capacidad de organización y movilización de estos actores, se conforma un complejo sistema de alianzas que desde la ética política cumple con la función de legitimación social de la lucha.

De esta manera, mientras el Estado valoriza el derecho público nacional a través de interpretaciones forzadas de los contenidos normativos de la Constitución y las leyes de protección del ambiente; la acción de las empresas valoriza el derecho privado y el libre mercado;y las organizaciones sociales –comunitarias, ambientalistas e indígenas- valorizan el derecho internacional, los derechos colectivos y el Buen Vivir.

En este tablero de juego encontramos dos tipos de alianzas entre los actores implicados. Por un lado, el Estado y las empresas extractivas, buscando el primero sacar provecho de sus recursos, mientras los segundos buscan la obtención de ganancias y ampliación de su área de influencia. Por otro, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas, articulan lógicas de protección ambiental, respeto a las comunidades y autodeterminación.
Citando a Marx y haciendo alusión a la histórica extractiva del Ecuador, cabe recordar que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.

En todo caso, no podemos definir la existencia de un movimiento social organizado en torno a la temática ambiental en el Ecuador. Sin embargo, la conflictividad socio-ambiental cada vez es más relevante a nivel nacional consecuencia de las políticas neo-desarrollistas del régimen correísta.
Las luchas sociales entorno a la problemática ambiental en los diferentes territorios del país son cada vez mayores. Sin embargo, es necesario señalar, que hasta ahora no existe más conexión entre ellas que la presencia generalizada de la CONAIE en estos conflictos y de alguna que otra organización ambientalista, careciéndose de una coordinadora que agrupe a las organizaciones sociales y políticas de carácter nacional y local que pelean por la defensa de los derechos de la Naturaleza.
El hecho de que hasta ahora la mayor parte de los conflictos socio-ambientales se dan en territorio amazónico, responde a que es en la Amazonía donde se encuentran la mayoría de los recursos naturales que están siendo extraídos por transnacionales y compañías estatales, y que en este territorio se da la existencia de alto índice de población indígena, biodiversidad y ecosistemas altamente sensibles y actores políticos no favorables a las posiciones gubernamentales.
El gobierno nacional ha ido desarrollando en los últimos cinco años estrategias con el fin de doblegar a las poblaciones locales a sus intereses, generando clientelismo en territorios y comunidades donde esta práctica política ha formado parte de su historia. De igual manera el Estado ha impulsado políticas rupturistas al interior de las resistencias al proyecto neo-desarrollista, bajo la promesa de brindar apoyos para el desarrollo territorial y repartir los excedentes. Los excedentes petroleros se calculan en este momento sobre los 318 millones de dólares y en el caso del Proyecto Mirador –explotación minera recientemente concesionada a la transnacional ECSA bajo control chino- se ha negociado el anticipo de regalías por un valor de 100 millones de dólares, las cuales serán utilizados con idéntico fin.

Movimiento estudiantil

Aunque su protagonismo social se da en la década de los 70, en la actualidad se mantienen dos estructuras de notable potencialidad: la FESE como representante de los estudiantes de secundaria y la FEUE en el ámbito universitario.

Ambas estructuras estudiantiles han sido fuertemente golpeadas por el oficialismo en los últimos años, aunque mantienen una importante capacidad de movilización, estando sus organizaciones más importantes en la órbita política del MPD.

En términos generales, los movimientos juveniles, ya sean de estudiantes o no, se mantienen como la base para el reclutamiento de militantes activos, con capacidad de articulación común y manejo de Tecnologías Información y Comunicación, y relaciones con movimientos antiglobalización de otras partes del planeta.

El actual proceso de reformas en el sistema educativo y la enseñanza superior hace que esté por verse como se reformulará la capacidad de acción de estas organizaciones. Sin embargo, aún es constatable su capacidad de acción y visibilización, tanto en las temáticas que abarcan estrictamente a su sector como en otro tipo de reivindicaciones de carácter más general.

Conclusiones

La movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa. La movilización en la práctica es la única forma efectiva de participación para diversos sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores carecen de mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales venían siendo excluidos.

Desde esa perspectiva, para un gobierno revolucionario, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población.

El resurgimiento de la movilización social aparece como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno, lo cual es una novedad en la actual etapa política ecuatoriana. Los movimientos sociales, en especial la CONAIE, han hecho una relectura del contexto político nacional, reformulando sus estrategias de intervención. Se pasa del corte de carreteras y de las acciones locales a protagonizar movilizaciones en la capital del país, desarrollando estrategias que tienen como objetivo posicionar en el debate nacional los ejes de lucha.

La construcción de una agenda conjunta por parte de los movimientos sociales, tal como es el mandato plurinacional nacido de la Marcha por la Vida, 19 puntos que abarcan desde la oposición a la mega minería hasta el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, hace que estos actores recuperen la esencia de su rol social.